Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia de México con una percepción inicial de victoria para la sensatez y el enfoque técnico frente al activismo y la política ruidosa. Pero debajo de esa apariencia moderada y técnica, ha surgido una tendencia inquietante: el aumento de la militarización del poder efectivo en la nación. A pesar de que la presidenta es civil, la influencia y el control ejercido por las Fuerzas Armadas, en particular por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se han expandido significativamente en áreas clave que superan el ámbito de la seguridad, como la infraestructura, la supervisión e incluso en aspectos económicos.
Uno de los hitos más significativos en este proceso fue la integración de la Guardia Nacional bajo el mando directo del Ejército. Por primera vez en la historia reciente, la seguridad pública quedó constitucionalmente bajo responsabilidad militar. Esta decisión marca una ruptura con etapas anteriores, cuando la presencia militar en seguridad pública se justificaba como temporal y con el compromiso eventual de regresar el control a autoridades civiles. Hoy, esa temporalidad parece difusa, con un marco legal que otorga a las Fuerzas Armadas el control permanente sobre estas funciones.
Este cambio legislativo, impulsado por gobiernos de izquierda, representa una contradicción política e ideológica que ha entregado poder, responsabilidades y recursos presupuestales a las Fuerzas Armadas, mucho más allá de sus atribuciones tradicionales. Este fenómeno, lejos de ser una medida coyuntural para enfrentar al crimen organizado, ha consolidado una cesión gradual pero profunda del poder civil.
En contraste con otras naciones donde el Ejército gobierna abiertamente, en México se ha desarrollado un modelo híbrido y opaco. Aunque la Presidencia sea civil, las decisiones clave en materia de seguridad, infraestructura estratégica como aeropuertos, trenes y puertos, así como en el manejo de aduanas y empresas paraestatales, están bajo control directo o indirecto de militares. Además, la nueva legislación permite a estas instituciones acceder a información sensible de los ciudadanos, construyendo así un Estado vigilante que aparenta ser civil.
Esta ampliación del poder castrense no solo conlleva la transferencia de responsabilidades que típicamente son civiles hacia las Fuerzas Armadas, sino también la disminución del control democrático. La carencia de rendición de cuentas ante el Congreso, los tribunales o los ciudadanos, junto con la falta de claridad en la gestión del presupuesto, debilita los contrapesos esenciales para una democracia fuerte. La subordinación de la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa, el apoyo a comités de inteligencia sin supervisión civil y la falta de transparencia en el presupuesto son evidentes signos de esta situación.
Este procedimiento impacta no solo en la seguridad pública. Implica una profunda transformación en el modelo de poder en México: una nación donde el Ejército construye, gestiona, supervisa, investiga y recauda sin estar sujeto a controles civiles efectivos. La apariencia de civilidad ha pasado a ser una fachada que oculta un creciente control militar en la vida pública.
A diferencia de los golpes de Estado o de demostraciones militares, esta toma del control estatal ocurre de forma silenciosa desde el interior, mediante acuerdos, acceso a información y monitoreo. Tanto la sociedad como las instituciones civiles aún se enfrentan al reto de restaurar el dominio efectivo sobre el ejército antes de que esta militarización inalterable restrinja la capacidad democrática.
Aunque México aún no ha llegado a modelos de control militar absoluto como en algunos países, la tendencia actual acerca al país a sistemas híbridos que combinan democracia electoral con tutela militar encubierta, similares a los observados en Turquía, El Salvador o Marruecos. En estos contextos, la vigilancia estatal se vuelve intrusiva y los contrapesos democráticos se debilitan progresivamente.
Si esta ruta continúa sin freno, México podría enfrentar en un futuro cercano una democracia despojada de sustancia, donde la figura presidencial sea solo un rostro visible de un Estado dominado por una élite militar. Este escenario plantea la urgencia de debatir y reconfigurar el equilibrio entre poder civil y militar para preservar la democracia y el Estado de derecho en el país.
