El Gobierno mexicano ha puesto en marcha una estrategia para consolidar al país como un destino privilegiado para la inversión extranjera, combinando aranceles bajos con estímulos fiscales sin precedentes. Esta propuesta fue presentada durante la firma del convenio del nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar, ubicado en Celaya, Guanajuato, considerado clave en la promoción del desarrollo industrial y logístico.
Según el secretario de Economía, México ofrecerá actualmente la tasa efectiva de arancel más baja del mundo: apenas un 6.5% promedio en sus exportaciones, cifra incluso inferior a la observada en economías desarrolladas como Japón, Alemania o Corea del Sur. Además, el país y China fueron los únicos beneficiados con una prórroga de 90 días para negociar los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que representa una ventaja estratégica en términos comerciales.
En lo que respecta a los incentivos fiscales, el nuevo marco permite que las empresas que se instalen en los polos de desarrollo puedan deducir el 100% de los activos fijos en sus inversiones. A esto se suman deducciones adicionales: un 25% por gastos en capacitación y educación dual, y un 25% más por inversión en innovación tecnológica. Además, tanto los gobiernos estatales como municipales podrán otorgar estímulos complementarios, aunque esos detalles aún se están definiendo.
El Polo de Celaya se distingue igualmente por sus beneficios logísticos. Operará como un «puerto seco» multimodal, enlazando directamente con el sistema ferroviario y carreteras de alcance internacional, además de estar cerca de los puertos marítimos más importantes del país. Este punto se integra en una red de 15 polos planificados en áreas estratégicas, con el fin de fomentar la diversificación económica y robustecer la infraestructura local.
Esta normativa también se incorpora a lo que el gobierno ha llamado «Plan México», una estrategia más amplia para posicionar al país entre las principales potencias económicas del mundo. Este plan incluye medidas fiscales como el «Decreto de incentivos», con un tope de 30 mil millones de pesos destinados a promover activos fijos (28.500 millones), y capacitación e innovación (1.500 millones). Los sectores favorecidos abarcan energía, hidrocarburos, construcción, transporte ferroviario y electromovilidad, todos con tasas de deducción que varían entre el 41% hasta el 86%, según el sector y el periodo.
La jugada mexicana también responde al entorno global, marcado por una guerra comercial entre Estados Unidos y sus vecinos. México, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se ha mantenido en una posición de preferencia comercial, al evitar nuevos aranceles que sí afectaron a otros países como los miembros de la Unión Europea o China. Esto ha permitido mantener sin interrupciones la llegada de capitales, además de fortalecer la recuperación del peso y atraer inversiones por su competitividad arancelaria y tributaria.
Un grupo de economistas destacó la importancia de implementar reformas estructurales en infraestructura y servicios públicos junto con estos estímulos. A pesar de que los beneficios fiscales son seductores, su éxito también dependerá de disponer de energía fiable, comunicaciones eficientes y una regulación precisa que asegure seguridad jurídica para los inversores.
No obstante, este paquete demuestra una visión proactiva del gobierno para fomentar el nearshoring —el reacomodamiento de cadenas productivas de Asia hacia América del Norte—. México busca aprovechar su condición geográfica, su inserción en la cadena de suministro con EE.UU. y el entorno de libre comercio para atraer mayor inversión en manufactura, investigación y desarrollo.
En conclusión, la estrategia de aranceles disminuidos junto con atractivos incentivos fiscales sitúa a México en una situación muy competitiva. La idea es evidente: promover inversiones, reactivar el sector industrial y fortalecer su papel como socio clave en la economía regional del siglo XXI. No obstante, el logro de esta propuesta dependerá de preservar la estabilidad política, mejorar la infraestructura y desarrollar una perspectiva a mediano plazo que respalde las ventajas establecidas.