El documental japonés «Black Box Diaries», candidato al Óscar, ha generado discusiones sobre su contenido y técnica. La obra, dirigida por la periodista Shiori Itō, relata su vivencia personal tras ser víctima de agresión sexual a manos de Noriyuki Yamaguchi, un periodista japonés de renombre. Aunque ha sido reconocido internacionalmente y proyectado en 57 naciones, el documental ha sido objeto de críticas en Japón por emplear grabaciones sin el permiso de las personas implicadas.
Itō ha admitido estas inquietudes y ha publicado un comunicado pidiendo disculpas por el uso de material sin autorización. Se ha comprometido a alterar las partes necesarias para asegurar que las personas no puedan ser identificadas en proyecciones posteriores. En su declaración, subrayó: «En la versión más reciente se ha hecho todo lo posible para que las personas no sean identificables. Me aseguraré de realizar los cambios indispensables para las futuras exhibiciones internacionales».
Itō ha reconocido estas preocupaciones y ha emitido un comunicado disculpándose por la inclusión de material no autorizado. Se comprometió a modificar las secciones necesarias para garantizar que las personas no sean identificables en futuras proyecciones. En su declaración, enfatizó: «En la última versión se ha hecho todo lo posible para que no se pueda identificar a las personas. Haré todo lo posible por introducir los cambios necesarios para futuras proyecciones en el extranjero».
El documental combina videos personales y testimonios reales que documentan el prolongado proceso judicial de más de ocho años que Itō enfrentó para buscar justicia. Algunas de estas grabaciones fueron realizadas de manera encubierta o sin el conocimiento de los participantes, lo que ha generado controversia sobre la ética periodística y la protección de las fuentes. Un grupo de abogados, incluidos dos que formaron parte del equipo legal de Itō durante su caso contra Yamaguchi, alegan que la periodista ha «vulnerado los derechos humanos» de quienes aparecen sin consentimiento y que «no respetó la ética del periodismo al no proteger a sus fuentes».
El caso de Shiori Itō ha sido un referente en Japón, poniendo de relieve las dificultades que enfrentan las víctimas de agresión sexual en un entorno legal y social que, tradicionalmente, ha sido poco receptivo a sus denuncias. Su decisión de hacer pública su experiencia en 2017 fue un impulsor para el movimiento #MeToo en la nación, desafiando normas culturales profundamente enraizadas que suelen silenciar a las víctimas. A raíz de su caso y la atención mediática que generó, en 2023 el Parlamento japonés llevó a cabo reformas importantes en la legislación sobre delitos sexuales. Estas modificaciones incluyeron una nueva definición de violación, eliminando la necesidad de demostrar violencia y centrándose en la falta de consentimiento, entre otros cambios.
A pesar de estos progresos legales, Itō sigue enfrentando dificultades en su país de origen. El documental no se ha exhibido en cines japoneses a causa de la polémica y las críticas ya mencionadas. Además, el agresor, Yamaguchi, no fue arrestado y únicamente recibió una sentencia civil que lo obliga a compensar económicamente a Itō. Este hecho destaca las continuas barreras que experimentan las víctimas de agresión sexual en Japón, tanto en el entorno legal como social.
A pesar de estos avances legales, Itō continúa enfrentando desafíos en su país natal. El documental aún no se ha proyectado en cines japoneses debido a la controversia y las críticas mencionadas. Además, su agresor, Yamaguchi, nunca fue arrestado y solo recibió una condena civil que lo obliga a indemnizar económicamente a Itō. Este hecho subraya las persistentes barreras que enfrentan las víctimas de agresión sexual en Japón, tanto en el ámbito legal como en el social.
La situación de Shiori Itō pone de manifiesto la complejidad de abordar temas de violencia sexual en sociedades con estructuras patriarcales y sistemas legales que históricamente han desestimado las experiencias de las víctimas. Aunque su caso ha impulsado reformas y ha generado un diálogo necesario sobre la violencia de género en Japón, también evidencia las resistencias y desafíos que persisten en la sociedad japonesa para aceptar y apoyar plenamente a quienes denuncian estos crímenes.
