En el contexto de la discusión sobre el presupuesto federal y el aumento de la atención en el asunto migratorio, el Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a una versión revisada del proyecto que incluye un gravamen sobre las remesas, estableciendo una tarifa del 1 % y restringiendo su aplicación exclusivamente a las transferencias en efectivo enviadas al exterior.
La medida forma parte del paquete legislativo conocido como “The One Big Beautiful Bill”, impulsado por sectores conservadores como parte de un plan para financiar agencias de seguridad, particularmente aquellas relacionadas con el control migratorio, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de propuestas previas que consideraban un gravamen del 5 % sobre todas las remesas, la versión avalada en el Senado excluye del cobro a las transferencias electrónicas hechas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas por instituciones estadounidenses.
Desde la propuesta original hacia una versión más restringida
El impuesto a las remesas fue inicialmente presentado como una medida amplia que afectaría todos los envíos de dinero realizados por personas que no son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los intensos cuestionamientos de organizaciones migrantes, sectores empresariales y algunos gobiernos latinoamericanos llevaron a una revisión del planteamiento original.
La versión definitiva que ha sido autorizada conserva el enfoque de recaudar, pero con un ámbito más restringido. Solamente se impondrá un 1 % sobre el importe completo de las transferencias realizadas en efectivo —ya sea mediante compañías de envío o pagos en ventanilla— y entraría en vigor a partir del 31 de diciembre de este año. Los demás envíos, efectuados a través de sistemas bancarizados, estarán exentos.
Reacciones en América Latina
En países como México, principal receptor de remesas provenientes de Estados Unidos, la noticia fue recibida con alivio relativo. Autoridades anunciaron que se implementará un sistema de reembolso para sus ciudadanos en el exterior que se vean afectados por el impuesto, canalizado a través de tarjetas especiales que permiten rastrear y compensar los pagos realizados.
Legisladores de países centroamericanos también se pronunciaron sobre el tema, advirtiendo que medidas de este tipo afectan de manera desproporcionada a las familias más vulnerables, que en muchos casos dependen casi exclusivamente de las remesas para cubrir necesidades básicas. Además, argumentaron que estas transferencias ya provienen de ingresos sujetos a impuestos en Estados Unidos, por lo que gravarlas nuevamente podría interpretarse como una doble imposición.
Un elemento político fundamental
El gravamen se incorporó como parte de una estrategia más amplia centrada en la seguridad nacional. Los ingresos previstos se canalizarán hacia el refuerzo de la vigilancia en las fronteras y la financiación de operaciones de migración y deportación. Esta perspectiva ha sido respaldada por los sectores que promueven la iniciativa, quienes sostienen que es una forma equitativa de distribuir recursos sin incrementar los impuestos a los ciudadanos de Estados Unidos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han señalado que este tipo de medidas busca desincentivar el envío formal de remesas, empujando a las personas a utilizar canales informales más costosos y riesgosos. También han cuestionado el impacto económico en países de origen, donde las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso.
Efectos inmediatos y próximos pasos
En lo económico, la aplicación de este impuesto coincide con una leve caída en el volumen de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia América Latina. Según datos recientes, los flujos se han reducido cerca de un 4.5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, una tendencia atribuida tanto al endurecimiento de políticas migratorias como al temor generado por este tipo de medidas legislativas.
El proyecto de presupuesto debe ahora ser armonizado con la versión de la Cámara de Representantes. Si ambas cámaras logran un consenso, pasará al Ejecutivo para su firma definitiva. En paralelo, varios países latinoamericanos ya preparan estrategias diplomáticas y financieras para mitigar los efectos del nuevo impuesto, mientras organizaciones de migrantes en Estados Unidos evalúan posibles acciones legales para impugnar la constitucionalidad de la medida.
Con esta resolución, el Senado abre una página distinta en la extensa y complicada interacción entre la política migratoria, las economías globales y los derechos de las comunidades migrantes. Aunque ahora es más suave que en sus propuestas originales, el gravamen sobre el envío de dinero en efectivo simboliza un comunicado político evidente y podría señalar el comienzo de un periodo novedoso de control sobre los fondos que mensualmente millones envían a sus seres queridos al extranjero.