La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, cerró con un sabor agridulce. Lo que pretendía ser una oportunidad histórica para redefinir las reglas del sistema financiero internacional y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible terminó con un documento final que ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, que lamentan su falta de ambición, claridad y voluntad política real.
El documento, conocido como «Compromiso de Sevilla», recibió el aval de la mayoría de las naciones asistentes, aunque careció del apoyo de ciertos países claves, como Estados Unidos, cuya falta de presencia influyó en el carácter de las discusiones. Según las organizaciones no gubernamentales, el texto no ofrece las soluciones necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni proporciona un estímulo efectivo para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo declive pone en riesgo el aumento de la desigualdad a nivel mundial.
En los días anteriores al evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se congregaron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. En ese espacio, se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, independiente y legalmente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando la participación justa de naciones deudoras y acreedoras, y evitando que los ajustes afecten de manera desproporcionada a los más vulnerables. No obstante, el documento aprobado solo señala, de manera imprecisa, la apertura de un proceso de discusión dentro de la ONU sobre el asunto, sin compromisos específicos ni fechas establecidas.
De acuerdo con portavoces de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas decisivas en esta cuestión. Más de 60 naciones actualmente asignan más del 10 % de su presupuesto gubernamental al pago de la deuda, sobrepasando lo que destinan a la salud y educación, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen poco claros, lentos y controlados por entidades con poca representatividad.
En paralelo, la situación de la ayuda al desarrollo sigue siendo crítica. La AOD cayó un 9 % en 2024 y se prevé un nuevo descenso para este año, agravado por los recortes anunciados por varios países donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia afecta directamente a programas esenciales como la vacunación infantil, la protección de personas refugiadas, el acceso a educación y salud para mujeres y comunidades vulnerables. El Compromiso de Sevilla no incluye medidas concretas para revertir esta situación, ni un cronograma para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB comprometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque algunos expertos destacan avances en la propuesta de triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo y el apoyo a iniciativas fiscales globales, las organizaciones sociales insisten en que esas medidas resultan insuficientes si no se acompañan de una reforma profunda de las reglas que rigen la economía internacional. Denuncian además que muchos países ricos mantienen un doble discurso: por un lado, prometen cooperación; por otro, recortan presupuestos y aumentan el gasto militar.
La falta de presencia de Estados Unidos fue vista por ciertos participantes como una ocasión para que otros poderes, como la Unión Europea o China, asuman el liderazgo en la modificación del sistema. No obstante, esa ausencia también significó la pérdida de uno de los mayores financiadores y figuras cruciales, lo que disminuyó el impacto político de la reunión.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que la conferencia que se realizó en Sevilla incluyó aspectos favorables, como admitir la importancia de relacionar el financiamiento para el desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero señalan la ausencia de medidas específicas para asegurar su ejecución. Además, exigen que la participación de la sociedad civil sea más influyente en futuros eventos, y no meramente simbólica.
Con la Agenda 2030 enfrentando desafíos y la deuda mundial en alza, la comunidad internacional veía en Sevilla una ocasión para ajustar las reglas del juego. No obstante, el desenlace generó más interrogantes que esclarecimientos. Para los activistas, el verdadero compromiso se evidencia no en discursos diplomáticos, sino en acciones políticas que redistribuyan los recursos, reconozcan las responsabilidades pasadas y aseguren a todas las naciones el derecho al desarrollo. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según los propios participantes, meras buenas intenciones sin efecto tangible.
