Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco dictaminó que el expresidente Trump puede mantener bajo su control a la Guardia Nacional de California, al menos de forma temporal, mientras avanza el litigio entablado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión permite que las 4 000 tropas desplegadas en Los Ángeles permanezcan bajo mando federal durante los procesos judiciales, anulando por ahora el fallo previo que ordenaba su retorno a las autoridades estatales.
La disputa comenzó el 7 de junio, cuando el expresidente federalizó la Guardia Nacional y desplegó a 700 marines para reforzar la presencia militar en Los Ángeles, apoyando las labores de agentes federales durante protestas relacionadas con operativos de inmigración. Esta movilización de tropas sin el consentimiento del estado marca la primera vez desde 1965 que ocurre un despliegue tan extenso sin la aprobación del gobernador.
En una sesión reciente, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones afirmó que el presidente posiblemente operó acorde con el marco legal federal, indicando que las protestas se habían transformado en conductas violentas hacia empleados y bienes federales, además de ataques con escombros y cócteles molotov. Aunque determinó que el presidente debía informar al gobernador, corroboró que la decisión de una corte de primera instancia fue demasiado limitada, ya que no existía autoridad para impedir la acción presidencial.
La resolución del juez de distrito Charles Breyer, anunciada el 12 de junio, indicaba que la federalización era contraria a la ley, señalando que no se habían satisfecho los criterios legales y que no había una «rebelión» como lo demanda la normativa. No obstante, la apelación puso en pausa esa decisión mientras el caso continúa su curso.
El panel del Noveno Circuito —integrado por dos jueces designados por Trump y uno por Biden— enfatizó que la ley otorga amplio margen al presidente en asuntos relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que corresponde al tribunal ejercer una revisión “altamente deferente». No obstante, rechazó la tesis de que la decisión presidencial está completamente fuera del alcance judicial.
Mientras la acción legal continúa, California tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el pleno del Noveno Circuito o incluso llevar el caso hasta la Suprema Corte. Además, podrían argumentar que el uso militar en apoyo de funciones de la ley federal —posible violación de la ley Posse Comitatus— requiere un análisis adicional en juicio.
En su respuesta, el gobernador Newsom afirmó que “el presidente no es un monarca ni está exento de la ley” y confirmó que California continuará defendiendo la soberanía estatal y los derechos civiles en los tribunales. Por otro lado, el expresidente Trump consideró el veredicto como un “gran triunfo” para la seguridad nacional, sosteniendo que la Guardia Nacional debe tener la capacidad de ser desplegada si las autoridades locales no consiguen mantener el orden.
En todo el país, el asunto ha comenzado una discusión intensa acerca del rango de los poderes presidenciales en lo que respecta al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del control judicial. Es la ocasión inicial en sesenta años que la Guardia se federaliza sin el acuerdo de un gobernador, lo que suscita inquietud sobre precedentes arriesgados y la erosión de los mecanismos legales y la revisión institucional.
Mientras tanto, en Los Ángeles, las fuerzas armadas permanecen activas, aunque las manifestaciones han disminuido y el alcalde ha eliminado el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y las dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y militares, además del efecto en la supervisión y el control social.
La fecha importante será la audiencia siguiente ante el juez Breyer, programada para este viernes. En esta audiencia, podría emitirse una orden preliminar más extensa que establezca con claridad cómo se pueden utilizar las tropas. La resolución del caso tendrá efectos perdurables en la relación entre el gobierno federal y los estados, las competencias presidenciales y el papel de las fuerzas armadas en actividades civiles.