La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México fue vista inicialmente como un triunfo de la civilidad y la racionalidad técnica frente al voluntarismo y el ruido político. Sin embargo, bajo esa imagen moderada y científica, se ha profundizado una tendencia que preocupa: la creciente militarización del poder real en el país. Aunque la mandataria es civil, la influencia y control de las Fuerzas Armadas, especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se ha ampliado considerablemente en áreas estratégicas que van más allá de la seguridad, incluyendo infraestructura, vigilancia y hasta aspectos económicos.
Uno de los hitos más significativos en este proceso fue la integración de la Guardia Nacional bajo el mando directo del Ejército. Por primera vez en la historia reciente, la seguridad pública quedó constitucionalmente bajo responsabilidad militar. Esta decisión marca una ruptura con etapas anteriores, cuando la presencia militar en seguridad pública se justificaba como temporal y con el compromiso eventual de regresar el control a autoridades civiles. Hoy, esa temporalidad parece difusa, con un marco legal que otorga a las Fuerzas Armadas el control permanente sobre estas funciones.
Este cambio legislativo, impulsado por gobiernos de izquierda, representa una contradicción política e ideológica que ha entregado poder, responsabilidades y recursos presupuestales a las Fuerzas Armadas, mucho más allá de sus atribuciones tradicionales. Este fenómeno, lejos de ser una medida coyuntural para enfrentar al crimen organizado, ha consolidado una cesión gradual pero profunda del poder civil.
En contraste con otras naciones donde el Ejército gobierna abiertamente, en México se ha desarrollado un modelo híbrido y opaco. Aunque la Presidencia sea civil, las decisiones clave en materia de seguridad, infraestructura estratégica como aeropuertos, trenes y puertos, así como en el manejo de aduanas y empresas paraestatales, están bajo control directo o indirecto de militares. Además, la nueva legislación permite a estas instituciones acceder a información sensible de los ciudadanos, construyendo así un Estado vigilante que aparenta ser civil.
Esta expansión del poder militar no solo implica la entrega de funciones tradicionalmente civiles a las Fuerzas Armadas, sino también la erosión del control democrático. La falta de rendición de cuentas ante el Congreso, tribunales o ciudadanos, junto con la opacidad en el manejo presupuestal, debilita los contrapesos fundamentales para una democracia sólida. La subordinación de la Guardia Nacional a la Defensa, el respaldo a consejos de inteligencia sin supervisión civil y la ausencia de transparencia presupuestal son claros indicadores de esta realidad.
Este procedimiento impacta no solo en la seguridad pública. Implica una profunda transformación en el modelo de poder en México: una nación donde el Ejército construye, gestiona, supervisa, investiga y recauda sin estar sujeto a controles civiles efectivos. La apariencia de civilidad ha pasado a ser una fachada que oculta un creciente control militar en la vida pública.
A diferencia de los golpes de Estado o de demostraciones militares, esta toma del control estatal ocurre de forma silenciosa desde el interior, mediante acuerdos, acceso a información y monitoreo. Tanto la sociedad como las instituciones civiles aún se enfrentan al reto de restaurar el dominio efectivo sobre el ejército antes de que esta militarización inalterable restrinja la capacidad democrática.
Aunque México aún no ha llegado a modelos de control militar absoluto como en algunos países, la tendencia actual acerca al país a sistemas híbridos que combinan democracia electoral con tutela militar encubierta, similares a los observados en Turquía, El Salvador o Marruecos. En estos contextos, la vigilancia estatal se vuelve intrusiva y los contrapesos democráticos se debilitan progresivamente.
Si esta trayectoria sigue avanzando sin control, México podría enfrentar pronto un sistema democrático sin contenido, donde el presidente sea únicamente una cara visible de un gobierno controlado por una élite militar. Esta situación exige discutir y ajustar urgentemente el balance entre el poder civil y militar para mantener la democracia y el Estado de derecho en el país.
